Greenalia, Naturgy, Engasa son algunas de las empresas que se vieron afectadas por la paralización de la eólica del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). 

Según la Asociación Eólica de Galicia la TSXG decidió anular o frenar las autorizaciones de construcción otorgadas por la Xunta a varios proyectos eólicos como medida cautelar tras los recursos interpuestos por diferentes colectivos ecologistas.

Entre otros argumentos, la entidad judicial sostiene que es por la forma de tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Explica que los informes sectoriales deben obtenerse antes del trámite de información pública, como establece el artículo 36.1 de la Ley de Evaluación Ambiental.

Sin embargo, desde el sector consideran que esta es una interpretación errónea del procedimiento y diferentes asociaciones empresariales se han manifestado en contra de estas iniciativas. 

Desde la Asociación Gallega del Hidrógeno defienden que el aumento productivo de energía eólica en Galicia es un factor indispensable para que la comunidad participe de una Transición Energética Justa, en la que el hidrógeno verde se posicione como el  vector energético estratégico. 

Aclaran que para alcanzar en 2030 las 100.000t de hidrógeno producido en Galicia, tal y como se plantea el Gobierno gallego, se requeriría una producción de energía eólica de 5,7 TWh.

Esto supondría aumentar considerablemente el parque de las renovables, pues con la actual producción de eólica (9,7 TWh en 2022) no sería suficiente. 

Es por ello que sentenciaron: “La paralización judicial de varios proyectos eólicos en Galicia, previamente  aprobados por la Administración, genera inseguridad jurídica y frena el desarrollo del  hidrógeno verde en Galicia”. 

En diálogo con Energía Estratégica España, la Gerente General de la entidad, Mayte Gutiérrez Roselló, manifiesta que dicha situación no parece óptima para las inversiones en esta comunidad para desarrollar proyectos de energías renovables.

“Desde nuestra asociación trasladamos el apoyo para que exista una seguridad jurídica adecuada, ya que esta situación impacta en el sector del hidrógeno renovable”, agrega la ejecutiva. 

“De mantener este ritmo, España no conseguiría cumplir con los objetivos que fija la reducción de emisiones contaminantes un 50% en 2030 y la neutralidad energética en 2050”, asegura el presidente de la AGH2, José Ramón Ferreiro.