El Ejecutivo ha presentado el jueves un proyecto de Ley que propone gravar el 1,2% de los ingresos nacionales del sector energético. 

Esta será para las entidades financieras, empresas energéticas, eléctricas, gasistas y petroleras que tengan ingresos mayores a 1000 millones de euros al año durante los ejercicios 2022 y 2023. 

6 de las compañías eléctricas más importantes ya han presentado sus balances del primer semestre de este año ¿Podrían ser alcanzadas por el impuesto del Gobierno?

Balances de las compañías eléctricas

Iberdrola los primeros seis meses de este año alcanzó un nivel de ingresos de €2.075 millones. En gran parte gracias al crecimiento en el mercado global, que fue de un 36%, y pese a la caída en su ganancia del 26%.

En general, las inversiones también vieron un incremento, del 5%, alcanzando los €4.741 millones en el semestre, que llega a los €10.200 millones contando los últimos doce meses.

Así también, informa que el flujo de caja generado en el primer semestre alcanzó los €5.560 millones, un 31% más que el mismo periodo del año anterior.

Endesa muestra un beneficio neto ordinario neto de 734 millones. Asimismo, el resultado bruto de explotación de la compañía española alcanzó los €1.950 millones hasta junio, un 4% más que el año anterior.

Además, el balance muestra que la inversión acometida en el periodo asciende a 926 millones, con diferencia de los 744 millones contabilizados de enero a junio de 2021, de los que más del 70% se destinan a renovables y red de distribución.

Redeia presenta en su balance un beneficio de €363 millones en el primer semestre del año y sus ingresos se han situado en €1.031 millones.

Sus ingresos se han situado en €1.031 millones, es decir, un 4% por encima de la cifra registrada en el primer semestre del año pasado.

En este sentido, el balance muestra que el resultado bruto de explotación ha ascendido a €784,6 millones, implicando un 1,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En lo que respecta a las inversiones, el Grupo en este primer semestre del 2022 han registrado un incremento del 8,2 %, alcanzando los €273,4 millones

Acciona Energía aumenta en un 155% su beneficio en el primer semestre, hasta los 390 millones de euros.

Los ingresos fueron de 2.206 millones de euros, duplicando a los del primer semestre de 2021, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) que se impulsó otro 82%, hasta alcanzar los 909 millones de euros, según consta en su cuenta de resultados.

Del total de la cifra de ingresos, 1.191 millones corresponden a su negocio de generación y los 1.015 millones restantes corresponden a la comercialización de electricidad renovable para los clientes corporativos en sus diferentes mercados.

Grupo Elecnor ha finalizado el primer semestre de 2022 con un beneficio neto consolidado de 43,8 millones de euros, lo que supone una mejora del 16,5% respecto a los 37,6 millones del mismo periodo del año anterior y manteniendo el fuerte dinamismo del trimestre precedente.

A 30 de junio de 2022, las ventas consolidadas del Grupo alcanzaban los 1.591,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,4% con respecto al primer semestre de 2021. 

Tanto el mercado nacional (que supone un 43% del total) como internacional (57%) registran una fuerte subida, del 6,2% y 32% respectivamente.

Repsol alcanzó un resultado neto de 2.539 millones de euros en el primer semestre del año, período en el que continuó avanzando en sus objetivos de descarbonización.

Esta cifra, junto con los 2.499 millones de euros obtenidos en el año 2021, compensa parcialmente los resultados de 2019 y 2020, que sumaron pérdidas por valor de más de 7.100 millones, derivadas de los ajustes de activos para ser cero emisiones netas y de la pandemia sanitaria global.

El resultado neto ajustado se situó en 3.177 millones de euros, con una relevante aportación del negocio internacional, aproximadamente un 56%, cuyo principal exponente es el área de Exploración y Producción, que desarrolla toda su actividad fuera de España .

El proyecto 

El nuevo gravamen al sector energético entraría en vigor en el 2023 y 2024. Según detalla el texto, buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de lo recaudado por estas empresas en los ejercicios 2022 y 2023. 

Asimismo, establece una sanción para aquellas que trasladen este impuesto a los clientes con un monto del 150% de ese importe que se le cobra al usuario. 

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

En diálogo con Energía Estratégica España, el consultor independiente sobre gestión de energías y PPAs, Francisco del Río de Pablo, opina que el porcentaje no es significativo, por lo que no afectará a las inversiones pero que sí será muy difícil de controlar si es transferido a los usuarios por la CNMC.

“La medida sería adecuada desde el punto de vista de los ingresos extraordinarios obtenidos, principalmente por las gasistas y las petroleras. En el caso de las eléctricas, estos beneficios extras están contemplados en otras regulaciones como el mecanismo del tope al gas o la minoración de los ingresos”, comenta el asesor. 

Excepciones del impuesto

Este no tendrá en cuenta las filiales de la compañía en el exterior, los ingresos que correspondan a otras con las que formen sociedades y el 1,2% impactará únicamente en la recaudación nacional. 

Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.

Asimismo, el proyecto deja fuera de las empresas a los gestores de los sistemas tanto eléctrico como gasista, es decir Red Eléctrica (Redeia) como Enagás, que no tendrán que pagar el impuesto.

También, serán eximidos aquellos obligados al pago cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50 por ciento del total de dicho importe cada año respectivo. 

Ambos datos se referirán, en su caso, a los resultantes de las cuentas anuales consolidadas del grupo fiscal, en caso de que el obligado al pago forme parte de un grupo fiscal que tribute en el régimen de consolidación fiscal.