Entre los años 2007 y 2009, se llevó a cabo en España y Europa una iniciativa para potenciar la participación de los ciudadanos en el sector energético, mediante un sistema de retribución a la inversión.

Más de 15 años después, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca, señala que actualmente «la situación para los pequeños productores fotovoltaicos de verdadero desamparo»

En este sentido, comenta que gracias a la inversión de casi 65.000 familias españolas se pudo cumplir con los objetivos que el Gobierno local había acordado con la Unión Europea, pero que esas instalaciones “pioneras” no obtuvieron los retornos prometidos.

Asimismo, recuerda que por aquel entonces el IDAE publicitaba unas ayudas en la financiación de la instalación que llegaban hasta el 80%. «A los 20 meses el Gobierno empezó a alterar el marco que motivó estas inversiones, con agresivos recortes a los ingresos, así que debimos refinanciarnos en masa, y fue preciso llevar los periodos de amortización hasta casi los 20 años», agrega el ejecutivo.

“Anpier lleva casi 15 años defendiendo los derechos de los pequeños y medianos productores de energía solar fotovoltaica. Con una singularidad muy importante, que somos sólo productores de energía y que, en la inmensa mayoría de los casos, nuestros asociados son primero ciudadanos y después productores, dado que cuentan con una potencia de generación pequeña”, remarca el directivo.

Así también, explica que hay otros obstáculos que han sufrido pequeños productores fotovoltaicos en el país, lo que considera «un mensaje claro que disuade a los ciudadanos de emprender en este sector».

Por un lado, puso el foco en la regulación del sector, destacando que ha sido «caprichosamente cruel» con los productores fotovoltaicos. Siempre fue garante de la seguridad jurídica y del complimiento estricto de los compromisos adquiridos, algo que se ha quebrado con nosotros», agrega el ejecutivo.

«Luego encontramos infinidad de trabas de carácter técnico y administrativo que son ya, por desgracia, habituales en otros muchos sectores. Se nos imponen hitos y procesos tan complejos y costosos que sólo son asumibles por grandes iniciativas que, gracias a las economías de escala, los pueden asumir sin que suponga un quebranto importante en sus cifras de negocio», subraya el Martínez-Aroca.

¿Cómo es la situación actual para los pequeños productores fotovoltaicos en España?

La situación para los pequeños productores fotovoltaicos de verdadero desamparo. Así se sienten las 65.000 familias españolas, que fueron pioneras en el desarrollo y la producción de energía solar fotovoltaica porque así lo solicitó el Estado español, a través de un Boletín Oficial del Estado y de una campaña de comunicación y captación de inversores, que fue promovida por el propio Ministerio de Industria en los años 2007-2009, que son los responsables de esta situación.

Decenas de miles de ciudadanos atendieron una llamada de su país, con la convicción de que el fin, madurar la tecnología fotovoltaica para descarbonizar el planeta, era loable; y que la inversión, garantizada en un BOE, era segura. 

Allí se fueron los ahorros de toda una vida, en la que fue la única inversión de la gran mayoría de este colectivo, que hubo de aportar sus propios domicilios como garantía, para obtener el 80% de la financiación que el propio IDAE promovía como óptimo en la campaña “El sol puede ser suyo”.

A los 20 meses el Gobierno empezó a alterar el marco que motivó estas inversiones, con agresivos recortes a los ingresos, así que debimos refinanciarnos en masa, y fue preciso llevar los periodos de amortización hasta casi los 20 años.

¿Cuál es la importancia de este tipo de productores en la descarbonización del país?

Con la inversión de este gran colectivo y sus instalaciones la tecnología fotovoltaica se maduró, que era el objetivo; los objetivos del 2020 en penetración de renovables a los que se comprometió el Estado con la Unión Europea se alcanzaron; las empresas fabricantes, suministradoras e instaladoras ingresaron por todos sus productos y servicios; los bancos realizaron su negocio, pero las 65.000 familias pioneras no obtuvieron los retornos que se les dijo tendrían.

La tecnología fotovoltaica es un regalo de este colectivo, y otros de otros lugares del planeta, a la sociedad y al planeta. Hemos madurado una tecnología que produce energía a precios muy ajustados y sin contaminar. La fotovoltaica no surgió de la nada, tiene padres y madres, la mayoría en España.

¿Por qué consideran que existe una situación de «desamparo» para estos?

Nuestros jueces no reconocieron derecho alguno a compensación por los recortes retroactivos porque, a su parecer, debíamos saber que esto podría ocurrir. 

Qué bueno hubiera sido que en la campaña del IDAE esto se hubiera advertido, al menos en alguna de sus numerosas publicaciones de promoción, aunque hubiera sido en letra pequeña en alguna de las 60 páginas que solían utilizar para detallar al extremo la forma de materializar la inversión, así como su carácter ético y la solidez de los retornos. 

Quizá no lo hicieron porque jamás se produjo un episodio de recortes tan arbitrarios en la historia de ningún sector regulado de ningún país del primer mundo. 

Algo que sí debieron prever, por ejemplo, todos los agricultores jubilados que forman parte de nuestros parques y que esperaban tener un pequeño complemento de renta a sus muy mermadas pensiones.

Todo esto pasó en España. Los fondos internacionales que realizaron inversiones en el mismo marco que nosotros, al no tener la necesidad de financiarse y por economías de escala, alcanzaron mayores ingresos. 

Aunque también sufrieron los mismos recortes, sus quebrantos eran menores, no corrieron la misma suerte que las familias españolas y, además, no debieron confiar en la justicia del Estado que les cercenó los ingresos garantizados por el Boletín Oficial del Estado, tampoco contemplaron, ni remotamente, la posibilidad de que en un país como el nuestro se pudiera correr el riesgo de la inseguridad jurídica que soportamos. 

Estas grandes empresas pidieron justicia en el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, el CIADI, que, laudo tras laudo está dando, como es lógico, la razón a los demandantes y condenando al Estado español a compensar los cuantiosos daños económicos que han tenido que soportar. Hasta 52 empresas están alcanzando una justicia que a las familias españolas nos ha sido negada.

¿Hace cuánto tiempo Anpier se encuentra advirtiendo esta situación?

Anpier lleva casi 15 años defendiendo los derechos de los pequeños y medianos productores de energía solar fotovoltaica. Con una singularidad muy importante, que somos sólo productores de energía y que, en la inmensa mayoría de los casos, nuestros asociados son primero ciudadanos y después productores, dado que cuentan con una potencia de generación pequeña. 

De tal forma que hemos entrado al sistema eléctrico 60.000 pequeños productores que, una vez visto como funciona este sistema, hemos denunciado todas las irregularidades que atentan contra el ciudadano.

Indudablemente nuestra misión es representar a nuestros socios y defender sus derechos, que han sido brutalmente pisoteados y precisan una reparación económica y moral, en lógica también con esa doble condición de productor y ciudadano; hemos promovido la misión mas trascendental de la humanidad de los últimos siglos, quizá de toda su historia y se nos deja en la cuneta, sin los ingresos prometidos y sin el reconocimiento que merecen estas familias.

¿Qué otros obstáculos encuentran para este tipo de productores en España?

Muchos, un disparate como el que han sufrido decenas de familias en España es ya un mensaje claro que disuade a los ciudadanos de emprender en este sector, cuya regulación se ha mostrado caprichosamente cruel por primera vez en su historia con unos productores, siempre fue garante de la seguridad jurídica y del complimiento estricto de los compromisos adquiridos, algo que se ha quebrado con nosotros. De ello sacamos ya una lectura clara.

Luego encontramos infinidad de trabas de carácter técnico y administrativo que son ya, por desgracia, habituales en otros muchos sectores. Se nos imponen hitos y procesos tan complejos y costosos que solo son asumibles por grandes iniciativas que, gracias a las economías de escala, los pueden asumir sin que suponga un quebranto importante en sus cifras de negocio. 

El sector eléctrico, lejos de ser una excepción, es un ejemplo, mal ejemplo, de imponer mismas condiciones a la gran iniciativa y a la minúscula pyme. Estas cuestiones terminan por dejar en manos de unos pocos operadores los beneficios de dichas actividades que, de otra forma, quedarían en las comarcas y otorgarían un beneficio claro para quienes las habitan.

¿Consideran que debería tomarse alguna otra medida para desarrollar su crecimiento en el país?

Nos encontramos con desajustes preocupantes: la penetración de producción renovable excede con mucho la esperada, mientras que la electrificación de los consumos va en franco retroceso. 

El verdadero éxito de la descarbonización está en la electrificación efectiva y rápida de los consumos energéticos, y esto no está ocurriendo, tenemos la oferta; pero no se atisba la demanda, la implantación de la movilidad y el transporte eléctrico no avanzan a la velocidad que debieran, y los sistemas de climatización por bomba de calor tampoco se imponen, por citar dos vectores clave en la electrificación.

Pedimos que se armonice oferta y demanda para ser eficientes en el proceso de transición energética hasta llegar en el 2050 al objetivo es cero emisiones, que es lo que motiva todos los esfuerzos que estamos realizando en España y Europa.