El pasado sábado la Comisión Europea dio el visto bueno a las versiones preliminares de los nuevos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) de los Estados miembro, entre ellos el de España, que prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 214 GW, de los que 160 GW son de generación renovable, y 22 GW de almacenamiento tanto diario como semanal y estacional.

El nuevo PNIEC propone 19 GW de autoconsumo, 22 de almacenamiento, 57 de fotovoltaica, 62 de eólica y 11 GW de electrolizadores con hidrógeno verde. Ahora los planes finales deben presentarse antes del 30 de junio de 2024.

¿Las metas podrán cumplirse? Inés Monroy, Consultora en Energías Renovables y Sostenibilidad de Mediación Verde, empresa dedicada a facilitar los acuerdos entre los distintos grupos de interés en torno a un proyecto, advierte que la venia social para la instalación de emprendimientos será una de las principales barreras.

“Por muchos planes de subastas y concesión de permisos de acceso y conexión que haya, si no hay aceptación por parte del territorio, la transición a energías renovables se puede ver comprometida”, afirma.

En diálogo con Energía Estratégica España, la experta estima que «no va a ser posible prosperar en el resto de hitos administrativos» como es el caso de la obtención de la licencia de obras, que se concede a nivel local. 

De esta manera, la consultora explica que es habitual que existan creencias populares erróneas, sesgo político, intereses económicos y/o temor ante la imposición de formas de vida distintas a las tradicionales, así como la creenecia de que el inversor sólo vela por su rentabilidad, y no repara en el impacto real del proyecto. Todo ello impide el apoyo de algunos españoles a las renovables.

Ejemplos recientes del freno en este sentido son las denuncias públicas realizadas por sindicatos agrarios sobre la «alta rentabilidad» que ofrecen las empresas de paneles solares a los dueños de las tierras que reducen la oferta y encarecen el alquiler «hasta el triple» de los terrenos. 

También, el parlamento de La Rioja prohibió de forma temporal los nuevos parques solares o eólicos hasta que no se defina una normativa específica de protección del paisaje. 

Por su parte, la asesora señala que existe en la población un desconocimiento acerca del proceso administrativo relacionado con los aspectos ambientales, lo que produce desconfianza tanto de los vecinos como de los representantes de gobierno autonómico, provincial y municipal.

Esto cobra especial relevancia cuando se piensa en la transición energética a futuro, ya que España tiene el objetivo de alcanzar 57 GW de potencia instalada fotovoltaica y 62 GW de eólica, según lo expresa el nuevo PNIEC recién aprobado, y el desafío será mayor al tiempo que crezcan el número de instalaciones. 

“Es muy posible que a futuro habrá de limitarse la potencia instalada y no será habitual ver proyectos muy grandes prosperar porque será difícil cumplir con los requerimientos ambientales a medida que aumente la superficie ocupada por las renovables”, considera Monroy. 

Al respecto, en las guías para la elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos publicadas por el MITECO se especifica que la acumulación de proyectos puede agravar determinados impactos.

En este sentido, se deberá hacer una correcta evaluación de efectos sinérgicos de los proyectos para evitar un incremento de los plazos de desarrollo de 3 meses, como mínimo, a más de 6 meses. 

Las zonas más afectadas

Un reciente estudio solicitado por la Dirección General de Crecimiento de la UE revela el  Índice Regional de Vulnerabilidad a la Transición Verde y destaca que, en España, las regiones más vulnerables son: Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Región de Murcia. 

Esto es producto del análisis de los impactos directos e indirectos que está teniendo el crecimiento de las renovables en los diferentes territorios evaluando: dependencia de los combustibles fósiles y emisiones, turismo, energía, transporte, agricultura y uso de la tierra e industria.

Según se especifica, estas regiones destacan por su elevada especialización en sectores como el turismo, el transporte, la logística o la agricultura muy centrada en la exportación.

Monroy respalda con sus aportes estos resultados, ya que comenta que, según su experiencia, la preocupación de la población se centra en la afectación al paisaje, la pérdida de viabilidad de las actividades económicas de la región y la creencia de que la expansión de las renovables afecta negativamente a la conservación de la biodiversidad. 

Actuaciones del Gobierno frente al rechazo de las renovables

Una de las medidas más recientes tomadas por el Ministerio de Transición Ecológica vinculadas a esta transición justa es el RDL 8/2023 que incorpora criterios no económicos a la evaluación de proyectos para la adjudicación de las subastas renovables.

Sin embargo, existe detrás un trabajo más profundo y constante como son las mesas de diálogo, de las que Monroy también forma parte.

Según menciona la referente de Mediación Verde, en esta oportunidad, el objetivo es elaborar una hoja de ruta con ideas de mejora en la actuación que podrán traducirse a nivel regulatorio o a modo de mejores prácticas, no imperativas.

El trabajo consiste en generar propuestas positivas, mecanismos y soluciones teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, medioambientales, de patrimonio arqueológico y de regulación a través de un proceso de diálogo multisectorial con actores y protagonistas de la transición energética.

Estas, que se están recogiendo por parte de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, con el apoyo, entre otros, de la European Climate Foundation, deberán presentarse al MITECO a finales del mes de febrero. 

Sobre este tipo de herramientas de interacción, Inés Monroy enfatiza en que es importante que, tanto las administraciones como las empresas, implementen una metodología cuidadosa, poniendo en práctica mecanismos como la convocatoria de mesas de diálogo, asegurándose de que las partes involucradas estén genuinamente interesadas en llegar a consensos. 

Además, se plantea la importancia de evitar la politización excesiva del proceso, ya que las disputas políticas pueden afectar negativamente la toma de decisiones y la implementación de proyectos renovables. 

No obstante, Monroy sugiere que hay otros aspectos que podrían mejorar la participación del Estado.

“No acaba de haber un apoyo incondicional por parte del gobierno a la labor que cumplen las empresas en hacer posible la transición energética, que implica grandes inversiones y la asunción de altos riesgos y no existe acompañamiento en esta labor”, opina la experta.

En esta línea, añade que acciones específicas que podrían beneficiar este proceso serían de tipo divulgativo y de mejora del prestigio de los generadores de energía verde, anuncios en medios hablando de los objetivos a alcanzar por parte de España, del importante papel del sector privado en la lucha contra el cambio climático, deshaciendo mitos y reduciendo la brecha que existe actualmente entre las empresas y la sociedad civil.

Por último, la consultora indica que la mala comunicación de los proyectos entre los diferentes niveles del Estado, dificulta que los ayuntamientos puedan evaluar correctamente los proyectos de su competencia, ya que desconocen las iniciativas de mayor tamaño tramitadas en el MITECO ubicadas en la misma área. 

Con lo cual, pensar en una estrategia que mejore el flujo de información podrá agilizar la toma de decisiones en los procesos administrativos para la autorización de los parques.