Luego del hito administrativo referente a la Declaración de Impacto Ambiental que debieron alcanzar positivamente los proyectos renovables para continuar hacia el ready to build antes del 25 de enero, se acerca una nueva fecha: 25/7 para conseguir los permisos de construcción. 

Según lo informado por las empresas referentes del mercado fotovoltaico y eólico, existen más de 50 GW que obtuvieron su DIA positivo, tanto por parte del organismo nacional, como en los autonómicos. 

Tal como se vio en los meses de invierno, se espera que la administración realice publicaciones masivas de último momento, ya sea para conceder o rechazar permisos. En caso de no conseguir las autorizaciones de construcción, estos corren riesgo de perder sus avales. 

¿Qué pasa si no los consiguen por retrasos administrativos? En tal situación, los promotores deberán presentar un descargo de manera que justifique que fue responsabilidad del órgano público y no perderá sus avales. 

El 90% de los MW en tramitación corresponde a proyectos fotovoltaicos, mientras que el resto son eólicos. Estos expedientes se refieren a aquellos parques que estarán puestos en marcha dentro de los próximos 37 meses a 5 años. 

“El sector no ve más solución que el Gobierno aproveche el tiempo antes del 23 de julio para aprobar un real decreto-ley que modifique la ley de 2020 que fija estos plazos”, declara Alejandro Diego Rosell, Profesor de EOI y consultor en Nuvix Consulting,.

En diálogo con Energía Estratégica España, el asesor manifiesta que es necesario otorgar más tiempo para obtener las licencias necesarias y finalizar la construcción de las plantas renovables. 

“Si no hay suficiente tiempo para llevar adelante todos los proyectos, puede haber una desaceleración en el sector renovable o incluso cancelaciones de varios MW”, subraya.

Por otra parte, el impacto de las elecciones también llega a estos parques en tramitación, ya que, tal como lo comenta Rosell, lo que sí se ha trastocado es el intento del PSOE para derogar la vía exprés para autorización de proyectos renovables sin que fuera necesaria una evaluación de impacto ambiental.

No obstante, desde el sector informan que la patronal está negociando con el principal partido de la oposición, es decir: referentes del Partido Popular, para evitar las posibles distorsiones de este atasco. 

¿Qué ocurre con la red y la demanda?

El mercado de renovables está viendo los desequilibrios de la transición ecológica: una demanda decreciente y una oferta creciente de energías renovables que queda sin lugar en la red. 

“Esto solo puede derivar en un mercado deflacionista de la electricidad, en el corto plazo”, describe Rosell y explica que los precios horarios se derrumban en las horas centrales, pero los precios de mercado diarios que los fija el precio más alto de generación (gas) siguen siendo atractivos. 

Asimismo, el autoconsumo está detrás de esta bajada de la demanda, pero también se está dando un cierto parón industrial. 

La aprobación de todos estos MW podría acelerar el desequilibrio del mercado y generar atascos en la red que podrían causar estragos para los productores de energías renovables, si no se promueve una rápida incorporación de sistemas de flexibilización de suministro. 

¿Y las subastas previstas para el 2023?

El Gobierno estableció un calendario de subastas para la asignación del régimen económico de energías renovables, indicando los volúmenes mínimos de potencia acumulada para cada tecnología en el periodo 2020-2025. 

Para el 2023 la potencia a subastar (acumulada) prevista es de 5.500 MW eólicos y 6.400 MW fotovoltaicos; es decir, 1.800 MW fotovoltaicos y 1.500 MW eólicos. Sin embargo, la última subasta renovable, donde se pretendían adjudicar 3,3 GW eólicos y solares ha quedado prácticamente desierta: ya que fueron seleccionados 45,5 MW eólicos.

Con lo cual, surgen las preguntas de que si el Gobierno se arriesgará a llevar a cabo una nueva subasta antes de las elecciones del 23 de julio, corriendo el riesgo de que estas no sean atractivas para los promotores y, nuevamente queden desiertas. 

Si hay un mensaje claro que ha dejado el sector es que el diseño de subastas que se ha utilizado hasta el momento quedó obsoleto y se deben establecer cambios que permitan un mayor incentivo a nuevos actores. 

Es real que estos más de 50 GW en tramitación podrían participar de estas subastas, en tanto logren garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en ellas. 

Sobre esto, Rosell opina: “Personalmente creo que con la incertidumbre normativa actual y visto el resultado de las anteriores subastas, no me presentaría. Por el contrario, optaría por un PPA”. 

Asimismo, el consultor agrega que entiende que haya empresas que tengan mucho trabajo invertido y que quieran apostar a este tipo de mecanismos, por lo que considera que serán decisiones complicadas las que el Gobierno deberá tomar en los próximos días.