El sector de energías renovables en España viene creciendo exponencialmente en los últimos años. El país tiene el objetivo de llegar a una potencia instalada de 160 GW de este tipo de tecnología a 2030, actualmente hay gran cantidad de proyectos e instalaciones en marcha con miras a impulsar la transición energética. Sin embargo, cada vez hay más conflictos sociales latentes que imponen obstáculos al sector, como los reclamos por los territorios o la contaminación visual que generan los parques eólicos o solares.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, analizó el panorama en el marco de la jornada “Renovables y territorio: desafíos y oportunidades”, y aseguró que debe haber un equilibrio entre los objetivos ambientales y sociales y que las instalaciones de nuevos parques deben tener limitaciones consensuadas y aprovechamiento de oportunidades socialmente justas.

“Uno de los desafíos es ubicar las nuevas plantas en el territorio, ya que es rico en ecosistemas, biodiversidad, en tradiciones culturales y diferencias de paisajes. También es algo importante para quienes habitan ese territorio y de repente ven una revolución en las puertas de su casa. Por lo tanto la manera en la que poder conciliar un debate social, ambiental, económico es capital,  el modo en el que nos fijamos cómo incorporar aquello que es objetivo para pensar en las personas, primero debemos contar con que es bien recibido”, manifestó Ribera.

“Las nuevas tecnologías requieren una integración en el territorio diferente, las grandes plantas térmicas, nucleares o hidroeléctricas respondían a patrones distintos con una ocupación del espacio más limitada. Evidentemente con afecciones distintas, y esas son las que están detrás del cambio climático que tanto nos preocupa y luchar contra esa problemática es una de las obligaciones y también poder tener la capacidad de combinarla con las responsabilidades institucionales, personales y empresariales”, agregó.

La ministra hizo hincapié en la necesidad de trabajar desde el punto de vista social, y no solo desde el institucional o administrativo, e indicó: “Es capital entender que lo que para muchos resulta una gran amenaza la previsión del fin del mundo, para otros es contestado con la sensación de que tampoco se puede llegar a fin de mes”.

Además, contrastó dos posturas que se han estado tomando en el país. Por un lado, quienes ignoran la transformación del sistema energético y optan por recuperar el impuesto al sol, y en el extremo opuesto quienes piensan que “vale todo” por la urgencia. 

“Creemos que ninguno de los dos enfoques es correcto, ni vamos a dificultar ni vamos a decir que todo vale, sería un enorme error hacer cualquiera de las dos cosas. Debemos ser capaces de tener un debate informado e integrar las visiones que valoren y equilibren razonablemente todas las perspectivas”, manifestó la funcionaria.

De la misma jornada participaron representantes de la Fundación Renovables, quienes apuntaron al desarrollo de estas energías como motor para la transición energética en el país. Pero también remarcaron la necesidad de prestar atención a los conflictos sociales que surgen con la instalación de estas tecnologías.

“En España la transición energética llegó para quedarse, y el pilar que sustenta todo son las renovables. El problema es que el despliegue se hizo de espalda a las regiones rurales, que tienen el mayor espacio y recurso renovable, su participación en el proceso es una petición legítima que apoyamos como algo que hará mejorar la disminución de la brecha existente”, aseguró Raquel Paulet, directora de Fundación Renovables.

“Las renovables como toda actividad humana tiene impacto en el territorio, a nivel medioambiental y social, como toda actividad productiva e infraestructuras. Pero además del valor añadido de luchar contra el cambio climático, ofrece suficiencia energética y disminución del precio de energía. Debemos trabajar en toda la cadena de valor y vida útil de estos recursos para canalizar todos esos beneficios a la sociedad y regiones locales que ya las habitan”, agregó.

Además, apuntó a que una de las claves del rechazo social es que la velocidad de la mejora tecnológica de estos proyectos se ha desfasado a los avances del marco normativo que permite implementarlas. “Esto sumado a la lentitud de los cambios culturales y sociales generó un caldo de cultivo para una tensión territorial”, indicó Paulet.

Una de las iniciativas que proponen desde la fundación es trabajar en conjunto con los promotores para que todos los proyectos tengan licencia social, lo que generaría beneficios a la ciudadanía y permitiría evitar que tengan DIA desfavorables o produzcan rechazo social. Además, aseguran que los promotores no lograrán competitividad si no trasladan los beneficios a las comarcas donde se asientan los proyectos.

Por otro lado, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología también estuvo presente en el ciclo presentando un informe realizado en el 2023 sobre las inquietudes sociales que genera el desarrollo de las renovables.

En el informe se muestra que el 88% de la sociedad española está de acuerdo con que la transición ecológica no debería dejar a nadie atrás, pero solo el 43% confía en que en 2050 la energía, los servicios y productos sostenibles sean accesibles para todos. Con respecto a las acciones del gobierno, el 36% de los encuestados asegura que las autoridades nacionales están haciendo lo suficiente, y el 40% que los representantes regionales, municipales o locales están tomando las medidas necesarias.

Uno de los conflictos sociales más latentes en el sector de renovables es el del trabajo, un claro ejemplo es lo que está sucediendo con la eólica marina, ya que la industria pesquera reclama que las instalaciones de esta tecnología afectará a su actividad laboral. 

Sin embargo, el informe realizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología , muestra que el 64% de la población opina que las políticas para frenar el cambio climático crearán trabajos de buena calidad. Un 59% piensa que sus habilidades actuales les permiten contribuir a la transición ecológica.

Con respecto a las razones que tienen los ciudadanos españoles para disminuir el consumo energético son económicas, ya que el 71% de los encuestados reduciría su consumo por ese motivo, y solo un 27% lo haría principalmente por razones ambientales.