La subasta de renovables genera expectativas e incertidumbre en el sector. Hace unas semanas la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que pronto se llevará a cabo, aunque por el momento no hay fecha definida.

En ese marco, Javier Peón, Ex Consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y Asesor de Industria y Energía, asegura que en este momento, con el contexto actual de precios y el riesgo de canibalización, sería un buen momento para realizar la subasta. Y enfatiza en que el retraso de la misma está relacionado con una falta de planificación del gobierno.

“Luego del fracaso que hubo en las convocatorias del 2022, la justificación era que el mercado no era atractivo con los precios que estaban generando con la crisis energética. Pero ahora, con los precios cero y negativos y el riesgo de canibalización, parece que es un buen momento. El mercado podría tener interés, pero no se concretan fechas”, asegura en diálogo con Energía Estratégica España.

Y advierte: “El gobierno no tiene una planificación de las tareas que tiene que desarrollar en función de la evolución previsible del mercado, actúa de manera reactiva poniendo parches y por eso es tan imprevisible saber fechas y cuándo se pretende sacar a concurso las subastas pendientes”.

Además, Peón señala que ahora los objetivos de adjudicación de potencia son muy ambiciosos en comparación a los resultados que se vienen obteniendo.

Explica: “Entre el 2020 y el 2025 deberán subastarse 64.000 MW y al momento sólo se subastaron 9.000 MW, de los que se adjudicaron 6.000 MW».

«Se adjudicó poco más del 1% en la última subasta del 2022. Vamos retrasados con los objetivos anteriores que eran más modestos, no se está cumpliendo con esa cantidad y quedan pendientes 58 GW, es un porcentaje muy llamativo.  Y ha generado un desequilibrio esa falta de previsión y de racionalidad”, alarma el especialista.

Criterios para la próxima subasta

Cabe recordar que hace unas semanas el Miteco lanzó a consulta pública la modificación del sistema de subastas renovables, en el que se prevé una incorporación de criterios no económicos que corresponden a un 30% y apuntan a objetivos de resiliencia y protección del medio ambiente.

Bajo ese marco, Peón señala que es razonable establecer criterios de resiliencia ya que se deben tener en cuenta si las placas que se utilizan se fabrican generando muchas o pocas emisiones y hay que tener en cuenta el ciclo de vida de los productos. Sin embargo, manifiesta que el problema sería cómo toma las decisiones el gobierno a partir de estos criterios.

«En cuanto a los criterios no económicos, que surgen de normativa UE, no solo es la huella de carbono de todo el ciclo de vida del producto, sino que la normativa en España contempla criterios relacionados con el impacto económico y social local, entre otros. El problema no va a ser la falta de criterios reglados, sino si el Gobierno va a ser suficientemente transparente para objetivar su asignacion a unos proyectos en detrimento de sus competidores», indica el asesor.

Con respecto a los costos, Peón asegura que los nuevos criterios no generarán precios más altos si se acompañan de otras políticas como inversiones en red para incorporar nueva demanda y criterios para mitigar la volatilidad y vertidos. “No tiene por qué ser mayor coste para los consumidores, sino que puede ser bueno para que el sistema sea más eficiente”, manifiesta.

“Pues al final lo que aparenta ser ahora un coste mayor por tener sus criterios de resiliencia, al final es una inversión ese coste mayor y nos produce precios más baratos en el medio a largo plazo porque es una energía más limpia que puede atraer industria nueva, demanda y generar empleo”, señala el asesor.

Y agrega: “al final una medida que puede aparecer como un costo o como un gasto se convierte en una inversión en el medio largo plazo, si se hace con el mínimo sentido de considerar todo el tablero en toda su extensión de lo de lo que como impacta la energía en la economía”.