Expertos en el sector del hidrógeno coinciden en que una nueva subasta con más presupuesto vendrá muy bien para el desarrollo del sector. Sin embargo, los ajustes publicados por la Comisión Europea en el primer borrador se consideran “estrictos” y “poco razonables”. 

Entre las principales modificaciones se encuentran la reducción de la puja máxima permitida, pasando de 4,5€/kg a 3,5€/kg, con el objetivo de evitar una escalada excesiva en los precios de las ofertas y garantizar una asignación de fondos más eficiente. 

Este es un punto que causó polémica, ya que en luego de la última subasta algunos de los referentes del sector consideraron “demasiado optimista” el precio de cuatro euros y medio, aunque señalaron que España es uno de los países que gracias al bajo coste de la energía renovable podría conseguirlo. 

«No es razonable en un espacio de 1 año, pues supone una reducción de más del 20%, cuando las ofertas no han llegado a esos precios objetivo», indica Javier Robador, Gerente de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno (H2CyL).

En ello coincide Marcos Rupérez, ingeniero y consultor independiente, quien en diálogo con Energía Estratégica España, sostuvo que “no será suficiente para hacer rentables los proyectos” y pone en duda que los offtakers estén dispuestos a pagar un precio mayor por hidrógeno verde en comparación con el gris que mantiene un valor de 2€/kg, con una tendencia del precio de gas que ronda los 30€/MWh y baja. 

“Esta tendencia hacia precios muy bajos plantea interrogantes sobre la rentabilidad a largo plazo de los proyectos y su capacidad para operar de manera sostenible sin depender en exceso de las subvenciones gubernamentales”, opina Sofía Núñez Mier, Responsable de Desarrollo Proyectos Hidrógeno y Gestión Recurso Hídrico en Ansasol. 

La referente comenta a este medio que si bien la reducción de los costos es un aspecto positivo en términos de hacer que este gas limpio sea más competitivo, también es crucial garantizar que los proyectos sean financieramente viables y no estén simplemente basados en una competencia de precios insostenible.

2 años menos para la puesta en marcha

Por otro lado, se acorta el plazo máximo para que los proyectos seleccionados entren en funcionamiento, de 5 a 3 años, buscando agilizar la implementación y contribuir más rápidamente al objetivo de descarbonización.

En este sentido, se dispara nuevamente la alarma de las administraciones que deberán estar preparadas para dar respuestas en ese tiempo a las tramitaciones y no es un desafío de la transición energética que ha quedado saldado antes. 

“Debemos ser sinceros: mucho tiene que cambiar la regulación y la tramitación de los proyectos, al menos en el caso español, para ser capaces de lograrlo en ese plazo”, opina Robador y añade que, de esta forma se verán beneficiados quienes ya estén avanzados en esta fase, “que no son tantos”.

Avales para proyectos solventes

También se incrementa el importe requerido como garantía (aval) para la ejecución de los proyectos, del 4% al 10% del importe de ayuda solicitado, con el fin de garantizar la solidez financiera y la viabilidad de los proyectos seleccionados, así como reducir el riesgo de incumplimiento. 

“Esto va a penalizar las ofertas económicas, e incluso hará que muchas desestimen la oportunidad de participar”, señala Robador y Nuñez Mier coincide agregando que esto revela un enfoque “más estricto y selectivo”, pero enfatiza que será necesario encontrar un equilibrio entre la competitividad y la viabilidad financiera.

Foco hacia el sector marítimo

En esta oportunidad el presupuesto total de la subasta casi triplica al de la primera, con una cifra de 2.200 millones de euros, aunque los presupuestos exactos aún no se han determinado. 

Sin embargo, una de las modificaciones es que se introduce una asignación específica para proyectos que tengan acuerdos con offtakers en el sector marítimo, impulsando así la adopción de hidrógeno renovable en un sector clave, responsable de cerca del 3% de la emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. 

El referente de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno hace la salvedad que  se deberá tener en cuenta que este sector aspira a quedarse con el 50% de los recursos.

Otros ajustes

Con esta propuesta la Comisión Europea pretendió aplicar las lecciones aprendidas y se aclaró que los T&C finales incluirán las conclusiones del evento de consulta con las partes interesadas que realizará el 12 de junio de 2024, se llevará a cabo un evento y los comentarios estructurados por escrito que envíen a clima-auctions@ec.europa.eu antes del 6 de junio. 

En este marco, Marcos Rupérez ofrece una visión crítica sobre los aportes de la reciente subasta de hidrógeno, señalando un panorama complejo que afecta principalmente a los proyectos más pequeños. 

El consultor argumenta que la mayoría de los proyectos necesitan un precio base de al menos 2 o 3 euros para ser rentables, lejos del medio euro al que cerró la subasta piloto. 

Claro, la cita textual de Marcos Rupérez que hace referencia a la necesidad de realizar subastas por tamaños de proyectos es la siguiente:

“Bajo mi punto de vista debe haber subastas independientes por tamaño de proyectos, una subasta para proyectos de hasta 20 MW y otras subasta para más grandes. Eso cambiaría bastante la película”, asegura a Energía Estratégica España. 

En esta línea considera que los proyectos más pequeños “son más razonables” pero necesitarán un mayor precio para impulsar su desarrollo y generar rentabilidad. Por lo que sugiere que es importante evaluar la viabilidad de los proyectos de manera más rigurosa para garantizar que los fondos asignados se utilicen de manera efectiva.

Ver el borrador publicado por la Comisión Europea