Muchas de las oposiciones sociales con las que se encuentran los proyectos de energía fotovoltaica podrían verse resueltas con un mayor incentivo de la agrovoltaica, ya que esta actividad propone una simbiosis significativa entre el campo y la generación eléctrica. 

En este sentido, UNEF elaboró un informe que pretende incentivar estas modalidades, demostrando la optimización del suelo, los retos y beneficios, las diferentes tecnologías disponibles y un estudio de lo que está ocurriendo en otros países europeos. 

En él proponen el concepto BIOagrovoltaica que consiste en la “integración efectiva de la actividad agrícola y ganadera, y la generación de electricidad con tecnología fotovoltaica, bajo conceptos de producción ecológica y a través de la gestión compartida de la luz para impactar positivamente la actividad agropecuaria”. 

Esta tiene como objetivo mantener el nivel elevado de biodiversidad, la conservación de los recursos naturales con la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y producción; así como mejorar la productividad y economía agropecuaria y generar oportunidades para el medio rural. 

Sin embargo, en España no existen leyes que regulen este tipo de iniciativas a diferencia de otros países donde ya se están implementando incentivos para mitigar la oposición social y aliar a ambos sectores, permitiendo una mejor transición energética. 

Actualmente existen algunas regulaciones que exigen cambiar en los documentos el tipo de uso del suelo a industrial para instalar sistemas agrovoltaicos, lo que implica la pérdida de ayudas agrarias, como las provenientes de la PAC. 

Esto presenta una barrera significativa para los agricultores, ya que deben elegir entre mantener las ayudas agrarias o implementar la agrovoltaica.

«Es importante que exista una definición a nivel nacional de este tipo de actividad porque se corre el riesgo de que cada comunidad autónoma lo haga a su manera y dificulte el despliegue», señala Martín Behar, Director de Investigación y Asuntos Ambientales de UNEF.

En diálogo con Energía Estratégica España, el directivo comenta que desde la organización próximamente se reunirán con las autoridades del IDAE para iniciar un trabajo en un marco normativo que incluya a los sectores agrícolas y ganaderos. 

En este afán de avanzar en ello, el estudio destaca algunas prácticas que ya se están implementando en otros países como Alemania, Francia e Italia. 

En principio, Behar observa que en los tres países tienen definiciones donde se prioriza la producción agrícola por encima de la producción fotovoltaica. 

Aunque de diferente manera, tanto en Alemania como en Francia funcionan con esquemas de retribución para subastas, mientras que en Italia cuentan con un régimen de incentivos fiscales, lo que está produciendo un mayor despliegue de nuevos proyectos, ya que estas ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 40% de la inversión inicial. 

Particularmente en Alemania, tienen una definición que establece que la producción agrícola no puede disminuir en más de un tercio del total del terreno con la instalación de paneles.

Además, ha establecido categorías específicas para la agrovoltaica, como agrovoltaica en altura y agrovoltaica con paneles dispuestos entre las líneas de cultivo. 

“El caso de Francia se alinea más al trabajo que venimos realizando desde UNEF entendiendo que la propia instalación tiene que ayudar en la mitigación del cambio climático, proteger contra riesgos al cultivo y trabajar sobre el bienestar animal”, explica el referente de la Unión Española Fotovoltaica. 

En este sentido, sostiene que todos los casos son interesantes y pueden complementarse en una nueva normativa que se adapte a las características y necesidades de España. 

El potencial de la BIOagrovoltaica en España

En el estudio se identifican beneficios específicos, como los antes mencionados, y Behar los complementa con el análisis de los debates actuales entre el campo y el sector eléctrico.

Una de las principales preocupaciones de los agricultores es el posible conflicto por el uso del suelo ya que se teme que la instalación solar pueda afectar la productividad agrícola y la disponibilidad de tierras para la producción de alimentos. 

Behar indica que los estudios elaborados por UNEF demuestran que en el caso de instalarse los 57 GW de fotovoltaica que exige el PNIEC, solo se utilizaría el 0,5% de la superficie agraria útil, cifra que se vería reducida con la implementación de la BIOagroFV. 

Sin embargo, aclara que “puede haber una percepción distorsionada por las propias instalaciones en torno de los nudos de producción”.  

Además, destaca que la fotovoltaica prefiere los terrenos más económicos que se desvalorizan por su falta de productividad agropecuaria, desmitificando la idea de que se compita por los mismos espacios. 

Y en esta línea, el directivo resalta el potencial de multiplicar la capacidad de generación de empleo para un mismo terreno donde funcionan en simultáneo dos actividades diferentes.