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agosto 22, 2023
Mecanismo fronterizo. Aseguran que la nueva política del carbono incentivaría a la industria española a consumir más renovables
En una entrevista a fondo con Energía Estratégica España, Marc Falguera, Managing Partner de STX Group y co-Head de Strive by STX, junto a Stefan Feuchtinger, Head of Market Research and Analysis en Vertis Environmental Finance, analizan las últimas novedades del mercado del carbono y cómo se encuentra la situación actual.

Tal como adelantó Energía Estratégica España, la Comisión Europea adoptó la semana pasada las reglas que rigen la implementación del Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) durante su fase de transición, que comienza el 1 de octubre de este año y se extenderá hasta finales de 2025.

“El CBAM podría servir de catalizador para que España acelere su transición hacia una economía baja en carbono. La tasa podría animar a las industrias españolas a invertir más en prácticas y tecnologías sostenibles, impulsando la innovación y fomentando el crecimiento de las industrias verdes”, opina Marc Falguera, Managing Partner de STX Group y co-Head de Strive by STX.

En una entrevista para Energía Estratégica España, el directivo cuenta cuáles son los impactos de esta política y analiza el actual funcionamiento del mercado del carbono.

Por su parte, Stefan Feuchtinger, Head of Market Research and Analysis en Vertis Environmental Finance, empresa miembro del grupo STX (desde 2021), especializada en mercados de cumplimiento tales como ETS (derecho de emisión de CO2), opina sobre las oscilaciones del mercado.

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Periodista: ¿Qué impactos generará la implementación del CBAM en los mercados europeos, y especialmente en España? 

Marc Falguera: Se espera que el nuevo CBAM de la UE tenga importantes repercusiones en la economía y el comercio de países de la UE que destacan en algunos frentes de la transición energética, como por ejemplo España.

El CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, “MAFC” en castellano) pretende hacer frente al riesgo de «fuga de carbono» mediante la imposición de una tasa sobre determinados bienes importados en función de sus emisiones de carbono incorporadas, creando así unas condiciones equitativas para las industrias europeas que están sujetas a estrictas normativas de reducción de emisiones y a un coste del carbono impulsado por el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS).

La aplicación del CBAM en su fase operativa acompañará a la eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos del ETS, por lo que el coste del carbono se igualará para los sectores afectados.

El CBAM influirá en las cadenas de suministro establecidas: las importaciones procedentes de algunos países que solían ser «las mejores» podrían resultar repentinamente más caras que las de otros países, debido a la intensidad de carbono de su red o de sus procesos de producción.

Por tanto, el CBAM podría influir en las relaciones comerciales de España con sus socios comerciales tradicionales no comunitarios. El mecanismo reconoce los esfuerzos de los países exportadores para cumplir normas similares de reducción del carbono o incentivarles a adoptar sus propias medidas de reducción de emisiones.

Su aplicación podría provocar tensiones comerciales u oportunidades de colaboración, dependiendo de cómo respondan los socios comerciales y ajusten sus propias políticas.

La introducción del CBAM provocará cambios en la competitividad de las industrias españolas, sobre todo en aquellas con procesos de producción intensivos en energía. Sectores como el siderúrgico, el cementero y el químico se enfrentarán a mayores costes cuando se reduzca su asignación de derechos gratuitos del RCDE.

Dentro de Europa, la competencia con los productores extranjeros se mantendrá en igualdad de condiciones gracias a la aplicación del nuevo mecanismo a las importaciones.

Sin embargo, fuera de la UE, los productos españoles (como los de cualquier país comunitario) serán más caros.

Por ejemplo, España es un destacado fabricante y exportador de acero, aunque la producción se redujera en 2022 un 19%, hasta 11,5 millones de toneladas, debido a los altos precios de la electricidad y el gas. Las empresas españolas que ya han invertido en tecnologías de descarbonización deberían competir mejor, ya que sus productos tendrían una menor huella de carbono incorporada y, por tanto, estarían menos sujetos a los precios del carbono.

Por último, el CBAM podría servir de catalizador para que España acelere su transición hacia una economía baja en carbono. La tasa podría animar a las industrias españolas a invertir más en prácticas y tecnologías sostenibles, impulsando la innovación y fomentando el crecimiento de las industrias verdes.

España ha avanzado extraordinariamente en energías renovables, que aportaron (principalmente eólica y solar) el 42% del mix eléctrico nacional en 2022, y según estimaciones de Red Eléctrica podrían alcanzar el 50% de la generación anual de electricidad este año.

España es el segundo país europeo en renovables, sólo superado por Alemania, y actualmente el país va camino de convertirse en el primero de las cinco grandes economías europeas en generar más del 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables, según una previsión de Rystad Energy.

La CBAM podría suponer un impulso adicional para que España refuerce sus compromisos climáticos y alinee sus estrategias económicas con los objetivos climáticos de la UE.

Periodista: ¿Cuál es su visión sobre la metodología transitoria para calcular las emisiones generadas durante el proceso de producción?  

Marc Falguera: El 17 de agosto, la Comisión de la UE adoptó las normas detalladas de reporte para la fase transitoria de CBAM, incluida la metodología transitoria para calcular las emisiones incorporadas liberadas durante el proceso de producción de bienes sujetos a la normativa.

Estas reglas regirán la fase transitoria de la CBAM desde el 1 de octubre hasta finales de 2025.  En la fase transitoria del CBAM, los comerciantes sólo tendrán que informar sobre las emisiones incorporadas en sus importaciones sujetas al mecanismo sin pagar ningún ajuste financiero.

Los importadores tendrán que informar sobre las emisiones incorporadas de los bienes importados en la UE, compartiendo información sobre el país de origen de los bienes y la ubicación de la instalación donde se produjeron.

Se les exigirá que informen sobre las emisiones directas generadas a través de la producción, y sobre las emisiones indirectas, con información que incluya el consumo de electricidad del proceso de producción y la intensidad media de carbono de la red donde se produjeron los bienes (o la región o un grupo de países, si no se dispone de datos del país de origen).

La Comisión facilitará los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en el Registro Transitorio CBAM, que tendrá la ventaja de ser de más fácil acceso y mayor transparencia.

Por lo que respecta a la electricidad, podrán utilizarse factores de emisión alternativos para la electricidad cuando existan fuentes oficiales alternativas, incluidas las estadísticas nacionales para el período de cinco años que finaliza dos años antes de la notificación; también cuando la electricidad se reciba en la planta de producción a partir de una fuente con un vínculo técnico directo o a través de un Acuerdo de Compra de Energía con un productor de electricidad, en determinadas condiciones y si se dispone de todos los datos pertinentes.

El uso de factores de emisión medios de la red siempre creará un retraso, ya que los factores de emisión notificados datan de dos años antes del año de notificación (cuando se producen los bienes). En algunos casos, lamentablemente no reflejará el rápido impacto de las políticas de descarbonización en algunos de los países, como los recientes aumentos en la producción de energías renovables, por lo que puede perjudicar temporalmente a los países que están haciendo verdaderos esfuerzos.

Esta metodología tampoco incentiva ninguna acción individual por parte de las empresas productoras para descarbonizar su mix eléctrico, en los muchos países en los que no es posible firmar Acuerdos de Compra de Energía.

En muchos lugares fuera de la UE, la única forma de que una empresa reduzca voluntariamente las emisiones de la electricidad que utiliza durante la producción es mediante el uso de Energy Attribute Certificates (EACs) generados en el país (GOs o IRECS, por ejemplo).

Sin entrar en detalles, en el caso de las emisiones directas, la evaluación del contenido de carbono requerirá potencialmente bastantes mediciones y análisis, lo que aumentará los costes para los productores. Establecer el contenido de carbono de las emisiones directas es un asunto bastante complejo, que puede resultar difícil de adoptar para los productores pequeños o menos equipados.

Por esta razón, la CBAM podría inducir un cambio en las relaciones comerciales establecidas, ya que algunos productores no podrían facilitar información detallada al importador.

Periodista: ¿Cómo evalúa el funcionamiento actual de los mercados voluntarios de carbono?

Marc Falguera: Los mercados de carbono representan mecanismos fundamentales en la lucha contra el cambio climático al asignar un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al establecer un precio para el carbono, los mercados voluntarios han demostrado su capacidad para incentivar la adopción de prácticas más limpias y sostenibles, así como el desarrollo de tecnologías bajas en carbono. Esto está conduciendo a una reducción efectiva de las emisiones y a una mayor concienciación sobre la necesidad de mitigar el impacto medioambiental.

Así mismo ofrecen a las empresas la flexibilidad necesaria para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de manera eficiente, ya que pueden optar por reducir sus emisiones directamente o comprar créditos de carbono a otros agentes que hayan conseguido superar sus objetivos.

Sin embargo, el funcionamiento actual de los mercados voluntarios de carbono no está exento de dificultades.

Estos han venido estando afectados por la incertidumbre regulatoria, incluso antes de la COP27, sobre los créditos de carbono de alta calidad permitidos en el marco del sistema de créditos del Artículo 6 del Acuerdo de Paris. Gracias al desarrollo de normativas de gran impacto que impulsan la credibilidad de los mecanismos de compensación, y las lanzadas recientemente en el sector, y la oleada aún insuficiente de acción climática corporativa, 2023 está llamado a ser un punto de inflexión en lo que respecta al éxito de lucha contra el calentamiento global.

El nuevo Claims Code of Practice de Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative o los Principios Básicos del Carbono de la ICVCM aumentan la transparencia y la confianza y proporcionan a los mercados normas reforzadas en torno a los créditos de carbono de alta integridad y el impacto climático verificable. Esto es crucial porque los mercados de carbono son una piedra angular indispensable de la ecuación para luchar contra el calentamiento global.

Periodista: ¿Cómo se están comportando los mercados de carbono de compliance o ETS?

Stefan Feuchtinger (Head of Market Research and Analysis en Vertis Environmental Finance): Los mercados de carbono de cumplimiento (ETS) han demostrado ser una herramienta eficaz para ayudar a impulsar la reducción de emisiones de forma rentable.

Es el caso, en particular, del EU ETS. Se calcula que en 2023 las emisiones de este régimen de cumplimiento serán probablemente unos 700 millones inferiores a las de 2013, lo que supone un descenso del 35% en poco menos de una década.

También hay pruebas de que el descenso del 20% en las emisiones de electricidad que estamos presenciando en lo que va de año en la UE se debe en gran medida a que los mercados del carbono han abaratado el gas frente al carbón para producir electricidad. Hasta finales de año, esas cifras se traducirán probablemente en más de 120mt de CO2e reducidas sólo en comparación con 2022.   

Además, las recientes reformas introducidas por las autoridades europeas están llevando el sistema un paso más allá, haciendo hincapié en la reducción de la oferta de derechos de emisión.

Esto se traducirá probablemente en unos precios del carbono más sólidos a largo plazo y, por tanto, en un mayor incentivo para que las empresas afectadas implanten tecnologías de descarbonización.

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