El Parlamento Europeo aprobó la revisión de la Directiva de Energías Renovables III (RED por sus siglas en inglés). En este documento se establece que los gobiernos de cada estado miembro tendrán un plazo máximo de 12 meses para resolver los expedientes de las instalaciones que se encuentren en “zonas de acceso de energías renovables”, y 24 meses para las que no.

En diálogo con Energía Estratégica España, el Director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, valora de forma positiva la aprobación de este estos plazos.

El directivo comenta que poseer este ritmo de instalación jugaría un papel importante para las empresas promotoras de proyectos fotovoltaicos, reduciendo la pérdida de tiempo y brindando mayor certeza sobre su viabilidad.

“Las medidas son positivas, pero están muy en línea con lo que ya hay en España. La cuestión no es tanto establecer medidas, sino hacer que se cumplan”, advierte el ejecutivo.

La revisión de esta directiva funciona como una continuación del acuerdo que se aprobó en diciembre del año pasado, que tiene su finalización a mediados de 2024. Allí se establecieron los mismos plazos de tramitación de renovables, los cuales España aún no ha puesto en marcha.

En este sentido, el ejecutivo menciona una serie de aspectos que hacen falta dentro de la administración española, para que se cumpla con estos plazos de 12 y 24 meses.

“Lo primero que debería hacerse para el cumplimento de esta normativa es reforzar a las administraciones públicas de capital humano”, explica el Director General de UNEF.

Siguiendo con esta idea, comenta que por un lado hay organismos que no cuentan con la cantidad suficiente de personal para revisar todos los expedientes. Y por el otro, que hay sectores cuya actividad principal no es elaborar informes para tramitaciones.

Asimismo, comenta que estos mismos organismos que desempeñan otras labores, como las confederaciones hidrográficas, son generadoras de varios de los retrasos administrativos para proyectos fotovoltaicos.

“Por esto, otro aspecto importante es que se cumpla la ley que les exige un tiempo de respuesta de seis meses. Es fundamental que se haga cumplir esta normativa para que se puedan cumplir los plazos europeos, y no sean solo posicionamientos puramente voluntaristas”, indica el directivo.

Por otra parte, hace mención a la digitalización de los expedientes de proyectos renovables, destacando su importancia en la aceleración de los tiempos. Además, advierte también que es necesario que se sumen a este proceso todas las Comunidades Autónomas del país.

“Dentro de la digitalización, otro factor importante es que esa digitalización esté coordinada entre los gobiernos regionales y el Gobierno central, sobre todo para los estudios de impactos acumulativos de las plantas”, resalta Donoso.

Cabe señalar que, en diálogo con este medio, desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) también destacaron a la digitalización como un aspecto clave en la aceleración de las tramitaciones ambientales en España.